Decía Dostoievski que puede medirse el grado de civilización de una sociedad por el trato que da a sus presos. Si esto es así y nos acogemos a esa categorización un tanto incómoda, no podemos sino concluir y lamentar que Venezuela posee un grado muy inferior. Las cárceles venezolanas son el reflejo de lo más oscuro de nosotros, reducidas apenas a depósitos de infelices sin palanca y guarida de criminales de oficio. En un país con 96% de impunidad, los que terminan tras las rejas suelen ser, invariablemente, lo uno o lo otro.
El tema penitenciario es un problema viejo, que se ha agudizado, como tantos otros, en revolución. Constituye una verdadera tragedia en la que los reos cuentan por igual con el desprecio ciudadano y el desamparo del Estado, y cuya dinámica, lejos de ser regida por el orden institucional, se lleva por la ley del más fuerte. A los más pobres, siempre los más afectados por esta y todas las tragedias, se les va la vida consiguiendo dinero para las vacunas que deben pagar a los mandamases de los penales, guardias e internos, para intentar garantizar la vida de sus familiares presos. Son miles de bolívares para permanecer vivo, miles por un colchón, otros tantos para poder comer. La cárcel es un negocio perverso bajo la mirada complaciente y la participación cómplice de los funcionarios del gobierno.
El 26 de julio de 2011 se publicó en Gaceta Oficial la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Hasta ese entonces, lo relativo a las cárceles dependía del Ministerio de Interior y Justicia, y el presidente Chávez, haciendo gala del fetichismo burocrático que tanto agrada a militares y comunistas, ofreció el nuevo despacho como solución definitiva al que se vio forzado a reconocer como un asunto de urgencia en el año doce de la revolución. Como ministra designó a Iris Varela, pese a no tener formación alguna en el área. Por supuesto que no funcionó y desde 2011 hasta la fecha el problema ha recrudecido.
Las cárceles están militarizadas, pero los que mandan son otros. La revolución vio nacer la figura del “pran” como jefe máximo de los recintos, que controla toda la dinámica social, los negocios y administra la violencia. Estos pranes cuentan con una estructura, también burocratizada al estilo militar, con escalafones y funciones diferenciadas. Llevan el sello “Hecho en socialismo”.
Nos mintieron al decir que con más burocracia y la creación de un nuevo ministerio resolverían un problema que no es de los presos, sino de toda la sociedad. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, más de 1800 venezolanos perdieron la vida desde 2011 en las cárceles venezolanas. ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? La gran mayoría de estas muertes fue causada por armas de fuego. La misma pregunta. En total, más de 6 mil muertos, 16 mil heridos, un hacinamiento de casi 200% y la prevalencia del retardo procesal resumen la política penitenciaria de la revolución desde 1999.
“La revolución llegó a las cárceles”, decía el lema del flamante ministerio en los días de su creación. Pues vaya que llegó y, lo mismo que afuera, dejó a su paso el dominio del caos y el imborrable rastro de la violencia. Hay que cambiar radicalmente el modelo y eso incluye el modelo penitenciario.
¿Cuál es la cárcel que queremos? Una que ofrezca una oportunidad real para la reinserción social, con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte, la recreación y la cultura. Una cárcel signada por el respeto a los derechos humanos, a cargo de penitenciaristas profesionales. Cárceles descentralizadas, como manda la Constitución. Recintos desmilitarizados, con funcionarios formados en la materia que pongan fin al reinado del pranato que trafica drogas, planifica secuestros y asesina a mansalva. Prisiones donde se reubique la población penal según criterios criminológicos. Nuevas cárceles, porque hacen falta, y el reacondicionamiento de las existentes según los estándares internacionales. Cárceles donde se priorice el debido proceso y se combata el retardo procesal que hoy gradúa a muchos jóvenes de malandros. Instituciones que comprendan un proceso de acompañamiento al ex recluso para su vuelta a la vida ciudadana.
Todo esto es posible, pero no con este gobierno. No creemos en la cárcel como solución a los problemas, pero sí en solucionar los problemas de la cárcel. Debemos impulsar políticas de prevención y acometer las reformas en los cuerpos policiales, tribunales y fiscalía que nos permitan acabar con la impunidad. Sin embargo, si no cambiamos la cárcel que tenemos, de poco servirá todo lo demás.
En la página web del MPPSP aparece, bajo la estampa de Hugo Chávez, el lema “hacia la mujer y el hombre nuevo”. Tras 15 años de socialismo bolivariano sabemos lo que eso significa. Lo mismo adentro que afuera, Venezuela necesita salir de la cárcel socialista.
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