Tiene
que pensárselo muy bien el gobierno.
Ante la crisis que produjo su desastrosa política económica y el modelo
obsoleto que la sustenta, el régimen se ha visto muy presto a pasar el punto de
no retorno en su procura de la dominación total de una ciudadanía inconforme,
descontenta y desesperada por conseguir los bienes más básicos para la
supervivencia.
Las
ciudades están militarizadas, ya los soldados y sus armas largas son parte del
paisaje cotidiano en plazas, avenidas y esquinas. La Guardia está presente con equipos
antimotines en las largas colas para comprar comida, medicinas y pañales. El CICPC hace labores de inteligencia en las
filas. Los colectivos armados marcan a
la gente y están pendientes de que no haya quejadera ni alboroto.
No
es algo nuevo. La institucionalidad
democrática se encuentra maltrecha desde mucho antes de esta coyuntura. El chavismo trabajó expresamente para desmontarla. Con ella, desmontados quedaron también los
derechos de la gente: la libertad de expresión, la información oportuna y
veraz, el derecho a la manifestación pacífica, a la protesta. Pare usted de contar. Sin embargo, lo que ocurre hoy acerca al
gobierno más y más a la raya amarilla, a esa que separa su condición de régimen
híbrido a la de franco autoritarismo y dictadura.
No
es muy gruesa la línea, o al menos el gobierno lleva rato pisándola y no le
queda más que un filón por cruzar. Basta
recordar la lista Tascón, el cierre de medios, la persecución a líderes
políticos, las graves violaciones a los derechos humanos, los pistoleros, los
grupos irregulares guapos y apoyados.
Todo esto y más los ha traído al borde.
Hoy parecieran salivar desde el poder ante el prospecto de emprender la
marcha hacia un sitio del cual no podrán ya devolverse. No faltará alguno, o muchos, que azucen a los
altos funcionarios en ese sentido, vendiendo la necesidad de derrotar al
“enemigo” y salvar la revolución.
Así,
recrudece la arbitrariedad. Jóvenes son
encarcelados por llevar mensajes pacíficos a las personas en las colas,
violando los derechos más elementales. Protestar
no es delito, salvo en dictadura. El
alcalde de la capital ha creado un territorio en el que sólo tienen derecho
algunos, los suyos, y los demás, la inmensa mayoría de caraqueños cansados del
fracaso gubernamental, son amenazados con la violencia oficial y paramilitar. “Patriotas cooperantes”, ese infeliz rótulo
con el que describen hoy a los sapos, denuncian a todo aquel que se atreva a
ventilar su justo reclamo.
Lo
más grave lo constituye la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que
autoriza el uso de armas mortales contra las protestas. Un pisotón más a una raya amarilla que a
duras penas se deja ver bajo la bota militar.
Esta resolución no tiene lugar en el mundo de hoy. Viola flagrantemente la Constitución en su
artículo 68 y todos los estándares internacionales en derechos humanos. Si la intención es intimidar o meterle miedo
a las personas para que no protesten, juega con fuego el gobierno, que ignora (¿ignora?)
que puede servir de incentivo (otro más) para que militares y paramilitares se
excedan creyéndose, acertadamente, con luz verde y carta blanca para
actuar.
Todo
esto contrasta con la evidente ausencia del gobierno, y de su fulana mano dura,
en los asuntos del día a día relativos a la seguridad ciudadana y el orden
público. Mientras mandan a los “Robocop”
a las colas, redactan resoluciones antidemocráticas y promueven el control
gubernamental sobre todos los aspectos de la vida, en Caracas manda el
hampa. La militarización de la ciudad no
ha frenado en lo más mínimo el avance de la criminalidad y la violencia. En las líneas de mototaxi, en pleno corazón
de la ciudad, toman cerveza al lado de un puesto de la GNB sin que pase
nada. En la calle, los buhoneros venden
productos regulados exorbitantemente por encima del precio fijado a
comerciantes y empresarios legalmente constituidos, en la cara de las
autoridades militares sin que nada suceda.
Gandolas cruzan todas las noches prese a (¿debido a?) un cierre de
fronteras, contrabandeando gasolina y alimentos. Tampoco pasa nada. En los barrios de Caracas despiden a los
malandros con plomo trancado de nueve horas seguidas y no hay gobierno. Invasores y colectivos se caen a tiros en
pleno centro. Nada. Mientras tanto, el narcotráfico penetra al
gobierno hasta los tuétanos y la población sigue de su cuenta.
Con
la Constitución en la mano, debemos enfrentar las intenciones de un régimen que
está hambriento por terminar de cruzar la raya amarilla hacia el abismo de la
barbarie. A los que, para tapar sus
fracasos, vienen con la amenaza de la violencia porque se saben minoría hay que
ponerles un parao en bloque, como pueblo hastiado de tanta miseria, de tanta
mentira y corrupción, de la impunidad y el odio. Para ello debemos convocar a la Unidad
Nacional. Una unidad más allá de la
oposición, que aglomere al descontento unánime y enfrente las pretensiones de
los que pretenden chantajearnos con el miedo y la fuerza de las armas. Sólo así, llegándole a ese país del medio que
ve la realidad actual como un desastre pero que aún no ve alternativa, podremos
hacerlos retroceder y articular los cambios que requiere urgentemente nuestro
país. En la calle, en el reclamo
popular, en el escenario electoral, hoy es imperativo lograr una alianza amplia
del pueblo todo contra un gobierno que, por el poder y los privilegios, es
capaz de cruzar cualquier raya.
@danielfermin
No hay comentarios:
Publicar un comentario