La renovación de los poderes públicos es una tarea pendiente e ineludible, de la que depende, en gran medida, el equilibrio del sistema republicano y la paz social. Un clima de permanente conflicto y confrontación, promovido desde el Gobierno para distraer de los problemas y exacerbado por la polarización política, ha dejado en segundo plano lo que es un asunto de importancia vital. En medio de otros temas más noticiosos, la renovación de los poderes resulta gris, aburrida y hasta fuera de lugar. Sin embargo, en ese proceso se encuentra la clave para destrabar la crisis que vive el país.
Hoy tienen el período vencido tres de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, hay que nombrar a doce de los treinta y dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y urge renovar, sobre todo ante el auge de la corrupción del sistema, un nuevo Contralor General de la República. Los rectores del CNE llevan quince meses de haber cumplido su lapso en el cargo. El retraso en el TSJ es de año y medio y la Contraloría lleva más de tres años en un interinato. Adicionalmente, en diciembre de este año se habrán vencido, también, los períodos de las otras dos ramas del Poder Ciudadano: la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Se trata de cumplir la Constitución. Los artículos 263, 264 y 270 son claros en cuanto a cómo debe darse la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, mientras que el artículo 279 lo hace con respecto al Contralor y los artículos 295 y 296 hacen lo propio para el Poder Electoral. No es, pues, una negociación política ni, mucho menos, una concesión a la ciudadanía o a la oposición.
El debate político presenta hoy varias hojas de ruta para salir de la crisis, unas que compartimos y otras que rechazamos. Algunos sectores han propuesto la renuncia de Nicolás Maduro, otros la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Cierta disidencia del chavismo apuesta por la radicalización del modelo socialista mientras que otros llaman a la revisión profunda de la política económica. Nosotros hemos insistido en la necesidad de construir un gran movimiento social por el cambio que consolide una alternativa real desde las comunidades para, como una nueva mayoría, adelantar los cambios que necesita Venezuela. En ese debate se ha concentrado la opinión pública, dejando de lado la tarea pendiente. Cualquiera de estas alternativas y de otras que puedan surgir en el camino dependen en última instancia de que renovemos los poderes vencidos, tal como lo establece la Constitución.
Esta no debe ser una discusión para los políticos entre paredes de oficinas. Tampoco se trata de un tema ajeno al clima nacional, como algunos lo pretenden pintar. De tener nuevos rectores del CNE que respondan a la Constitución y a las leyes y no al partido de gobierno, de contar con magistrados del TSJ que solo respondan a la justicia y no a la subordinación a los designios del Ejecutivo, de un nuevo Contralor que vaya de frente contra la corrupción sin utilizar su cargo para perseguir a los liderazgos de oposición depende que Venezuela encuentre la resolución del desastre que vivimos en paz y de manera democrática. En ese sentido, la tarea no es sólo de la Asamblea Nacional ni del Tribunal Supremo, sino de toda la ciudadanía, vigilante y atenta, presionando para que se cumpla la Carta Magna y se rescate la institucionalidad. Esa es, hoy, nuestra tarea pendiente.
@danielfermin
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