La revolución bolivariana siempre ha sido un proyecto militarista. La irrupción de Chávez se dio en el contexto de un sangriento golpe que rompió con la estabilidad de la democracia civil, ya en crisis, y trajo de vuelta a la militarada como actor político. Luego, en el poder, el chavismo adoptó la tesis de Ceresole, introduciendo el concepto de la unión cívico-militar y la tríada caudillo-ejército-pueblo como ejes orientadores. Rápidamente uniformados ocuparon los principales puestos del gobierno.
Esa esencia militarista, sin embargo, contraviene la que se supone es la carta de navegación compartida de la república: la Constitución Nacional. La "bicha", en cuya elaboración participaron no pocos militares, es clara en cuanto al papel de la Fuerza Armada. En su artículo 328 dice que "la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política" y que "está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna". En su artículo 330, la Constitución otorga a los militares el derecho al sufragio, "sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político". En la práctica, comenzando por el reenganche de militares golpistas del 92 y pasando por la incorporación del "¡Patria, socialismo o muerte!" como consigna, la Constitución ha quedado como letra muerta.
Hoy la Fuerza Armada es un cuerpo al servicio del culto a la personalidad y el partido de gobierno. A la incorporación del saludo militar se le suma la denominación de "Bolivarianas", así como componentes de adoctrinamiento, la influencia cubana en los cuarteles, la creación de nuevas fuerzas inconstitucionales como la Milicia y, ahora, dos elementos muy graves para el equilibrio democrático y republicano. En primer lugar, la Sentencia N 651 de la Sala Constitucional del TSJ que, en una interpretación sin pies ni cabeza, da luz verde a la participación de militares en actos políticos y legitima el aberrante culto a Chávez y Maduro. En segundo lugar, la publicación en Gaceta Oficial de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, que ata a la ciudadanía a la tutela militar e intenta, por tercera vez en cinco años, asegurar el control militar sobre la población civil a través de un instrumento legal.
En medio de una crisis tremenda y el derrumbe de su popularidad, el gobierno ha apostado por consolidar la FAN, ahora bolivariana (chavista), como la garantía de su permanencia en el poder. Es lo que Rocío San Miguel ha denominado el Partido Armado. Lo que esto persigue es el mantenimiento de un orden social tutelado por militares y la dominación de la sociedad bajo las botas y charreteras.
No es la primera vez que los venezolanos nos vemos en una situación como esta. A pesar que desde 1811 la República establece la subordinación del poder militar al civil, la realidad es que se nos fue la mayor parte del Siglo XIX y más la mitad del XX de cachucha en cachucha. En 1931 la generación que lograría la democracia exigía "hombres civiles al manejo de la cosa pública" como la primera de sus reivindicaciones en el Plan de Barranquilla. Ante el avance del Estado Militar, debemos rescatar la lucha por una República Civil de libertad, justicia y democracia. En ese proceso rescataremos, también, la dignidad de la Fuerza Armada como órgano leal a la nación y al servicio de la patria toda, nunca más partido armado de parcialidad alguna.
@danielfermin
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