A ustedes, los comprometidos con un gobierno corrupto, que despilfarró los recursos del pueblo para enriquecerse de manera grotesca e inmoral mientras condenan a la gente a la miseria. A ustedes, los socios de una administración ineficiente y pirata, más pendiente del próximo contrato que de solucionar los problemas de los venezolanos. A ustedes me dirijo hoy, enemigos del cambio; ustedes, los poderosos, sentados en la arrogancia de unos cargos con los que juraron servir a la nación y que hoy sólo utilizan para servirse a ustedes mismos y a sus grupitos de acólitos.
Es con ustedes, los que impulsan, a juro, un modelo fracasado que arruinó al país. Ustedes, que en nombre del socialismo le han dicho a la gente que ser rico es malo, mientras se desbordan sus cuentas de plata mal habida. A ustedes les escribo con la promesa de que esta decadencia revolucionaria también pasará, que su reinado de chantaje, miedo y atropello no será para siempre.
También es con ustedes, los que sirven de sostén a un sistema podrido signado por el clientelismo y amamantado por el rentismo. Ustedes, que se saben en ambos lados del espectro polarizado y por encima de él, con su perversa lógica mercantilista, superficial, antivenezolanista. También a ustedes va el llamado ante una situación que ya revienta, que no se aguanta más.
A ustedes, los que sembraron odio y división entre los venezolanos, y también a los que las cosechan. A los que nos valoran de acuerdo a nuestras posturas políticas y nos clasifican de acuerdo a nuestro ingreso mensual. A los que discriminan por sexo y excluyen por las preferencias sexuales. A los que se empeñan en pasarle por encima al otro para imponer su propia dominación.
A ustedes, a todos ustedes, les aseguro que serán derrotados. Frente a su apoltronamiento, a sus intereses económicos, a su poderío político, militar y comunicacional se encuentran miles que militamos sin descanso en una causa terca y obstinada: lograr el cambio para Venezuela. Más allá del lema usado por unos y otros, ese cambio implica un país muy diferente al de hoy, donde todos sus ciudadanos sean protagonistas y no coristas del culto a la personalidad ni esclavos de la máquina del Estado. El cambio pasa por la promoción de un nuevo gobierno y de un nuevo estilo de gobierno, transparente, responsable, serio, cuyas prioridades estén centradas en superar la pobreza, la violencia y las desigualdades. Promover el cambio es enfrentar sin tregua al clientelismo parasitario y no esperar a estar en la buena para beneficiarse de él. Es diversificar la economía, creyendo en la iniciativa de los venezolanos e impulsando su productividad para derrumbar el vicio rentista. Cambio es impulsar las reformas políticas y sociales para que no haya nunca más venezolanos de segunda por ningún motivo. Sí, a ustedes, a los enemigos del cambio, les digo hoy que serán derrotados, y que su derrota verá florecer la Venezuela digna del Siglo XXI, la Venezuela solidaria, libre, justa y democrática, la Venezuela del progreso para todos por igual.
@danielfermin
jueves, 24 de julio de 2014
miércoles, 16 de julio de 2014
Los otros Ni-Ni (Publicado en El Universal)
¿Quiénes son los otros ni-ni? Hablamos de 1,7 millones de jóvenes venezolanos que ni estudian ni trabajan. Es la realidad alarmante de una generación sin oportunidades, víctima de un modelo fracasado que está poniendo en riesgo el futuro de la juventud y el porvenir de todo el país.
La cifra surge de la Encuesta Nacional de Juventud 2013, elaborada en el marco del Proyecto Juventud de la Universidad Católica Andrés Bello, con la participación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de esa casa de estudios. Los primeros resultados dibujan un panorama parco, en el que 900 mil adolescentes, entre quince y diecinueve años, están descolarizados y apenas 42% de 7,6 millones de venezolanos entre 15 y 29 años asiste regularmente a un centro de enseñanza. Entre otros hallazgos, aparecen 1,3 millones de jóvenes entre 20 y 29 años que no culminaron el bachillerato y 50% de jóvenes de 17 años que abandonan el liceo. La juventud no tiene en la revolución un aliado, sino el principal obstáculo para su desarrollo integral y progreso.
El estado de la juventud es crucial dado que atravesamos lo que se conoce como el bono demográfico. Sin entrar en consideraciones más técnicas, el bono demográfico se refiere al fenómeno en el que más de la mitad de la población está en edad de trabajar o comienza a ingresar en la población económicamente activa. También implica la disminución del peso de los dependientes menores de quince años, cuando los mayores de sesenta aún no constituyen un segmento considerable de la población. Es menor número de dependencia y mayor número de mano de obra y sucede hoy, cuando más de 65% de la población está en edad de trabajar.
El bono es una oportunidad única para desarrollar el país, pero sólo si se aprovecha. Nuestra Venezuela no será joven para siempre, y de cómo atravesemos el bono demográfico dependerá si en treinta años Venezuela es un país próspero o una sociedad vieja y pobre. Para ello es fundamental la creación de empleos de calidad, promovida principalmente por el Estado. Igualmente, el gobierno debe procurar sostener un alto crecimiento económico y prever políticas que estimulen el ahorro y la inversión, así como la planificación de las pensiones y la seguridad social. Asimismo, debe el gobierno aumentar el gasto público en las áreas realmente prioritarias, como la educación, en vez de incrementar cada vez más el gasto militar.
Esta revolución condenó a los jóvenes a la violencia, al desempleo y al empleo precario y a ser una generación de arrimados. No hay futuro con este modelo, hay que cambiarlo y pronto, para poder aprovechar la oportunidad del bono demográfico, generando las condiciones que nos permitan disminuir la espantosa estadística de casi dos millones de muchachos venezolanos que no hacen nada, de esos otros ni-ni, para sacar el país adelante.
La cifra surge de la Encuesta Nacional de Juventud 2013, elaborada en el marco del Proyecto Juventud de la Universidad Católica Andrés Bello, con la participación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de esa casa de estudios. Los primeros resultados dibujan un panorama parco, en el que 900 mil adolescentes, entre quince y diecinueve años, están descolarizados y apenas 42% de 7,6 millones de venezolanos entre 15 y 29 años asiste regularmente a un centro de enseñanza. Entre otros hallazgos, aparecen 1,3 millones de jóvenes entre 20 y 29 años que no culminaron el bachillerato y 50% de jóvenes de 17 años que abandonan el liceo. La juventud no tiene en la revolución un aliado, sino el principal obstáculo para su desarrollo integral y progreso.
El estado de la juventud es crucial dado que atravesamos lo que se conoce como el bono demográfico. Sin entrar en consideraciones más técnicas, el bono demográfico se refiere al fenómeno en el que más de la mitad de la población está en edad de trabajar o comienza a ingresar en la población económicamente activa. También implica la disminución del peso de los dependientes menores de quince años, cuando los mayores de sesenta aún no constituyen un segmento considerable de la población. Es menor número de dependencia y mayor número de mano de obra y sucede hoy, cuando más de 65% de la población está en edad de trabajar.
El bono es una oportunidad única para desarrollar el país, pero sólo si se aprovecha. Nuestra Venezuela no será joven para siempre, y de cómo atravesemos el bono demográfico dependerá si en treinta años Venezuela es un país próspero o una sociedad vieja y pobre. Para ello es fundamental la creación de empleos de calidad, promovida principalmente por el Estado. Igualmente, el gobierno debe procurar sostener un alto crecimiento económico y prever políticas que estimulen el ahorro y la inversión, así como la planificación de las pensiones y la seguridad social. Asimismo, debe el gobierno aumentar el gasto público en las áreas realmente prioritarias, como la educación, en vez de incrementar cada vez más el gasto militar.
Esta revolución condenó a los jóvenes a la violencia, al desempleo y al empleo precario y a ser una generación de arrimados. No hay futuro con este modelo, hay que cambiarlo y pronto, para poder aprovechar la oportunidad del bono demográfico, generando las condiciones que nos permitan disminuir la espantosa estadística de casi dos millones de muchachos venezolanos que no hacen nada, de esos otros ni-ni, para sacar el país adelante.
@danielfermin
miércoles, 9 de julio de 2014
Renovación de los poderes: Tarea pendiente (Publicado en El Universal)
La renovación de los poderes públicos es una tarea pendiente e ineludible, de la que depende, en gran medida, el equilibrio del sistema republicano y la paz social. Un clima de permanente conflicto y confrontación, promovido desde el Gobierno para distraer de los problemas y exacerbado por la polarización política, ha dejado en segundo plano lo que es un asunto de importancia vital. En medio de otros temas más noticiosos, la renovación de los poderes resulta gris, aburrida y hasta fuera de lugar. Sin embargo, en ese proceso se encuentra la clave para destrabar la crisis que vive el país.
Hoy tienen el período vencido tres de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, hay que nombrar a doce de los treinta y dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y urge renovar, sobre todo ante el auge de la corrupción del sistema, un nuevo Contralor General de la República. Los rectores del CNE llevan quince meses de haber cumplido su lapso en el cargo. El retraso en el TSJ es de año y medio y la Contraloría lleva más de tres años en un interinato. Adicionalmente, en diciembre de este año se habrán vencido, también, los períodos de las otras dos ramas del Poder Ciudadano: la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Se trata de cumplir la Constitución. Los artículos 263, 264 y 270 son claros en cuanto a cómo debe darse la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, mientras que el artículo 279 lo hace con respecto al Contralor y los artículos 295 y 296 hacen lo propio para el Poder Electoral. No es, pues, una negociación política ni, mucho menos, una concesión a la ciudadanía o a la oposición.
El debate político presenta hoy varias hojas de ruta para salir de la crisis, unas que compartimos y otras que rechazamos. Algunos sectores han propuesto la renuncia de Nicolás Maduro, otros la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Cierta disidencia del chavismo apuesta por la radicalización del modelo socialista mientras que otros llaman a la revisión profunda de la política económica. Nosotros hemos insistido en la necesidad de construir un gran movimiento social por el cambio que consolide una alternativa real desde las comunidades para, como una nueva mayoría, adelantar los cambios que necesita Venezuela. En ese debate se ha concentrado la opinión pública, dejando de lado la tarea pendiente. Cualquiera de estas alternativas y de otras que puedan surgir en el camino dependen en última instancia de que renovemos los poderes vencidos, tal como lo establece la Constitución.
Esta no debe ser una discusión para los políticos entre paredes de oficinas. Tampoco se trata de un tema ajeno al clima nacional, como algunos lo pretenden pintar. De tener nuevos rectores del CNE que respondan a la Constitución y a las leyes y no al partido de gobierno, de contar con magistrados del TSJ que solo respondan a la justicia y no a la subordinación a los designios del Ejecutivo, de un nuevo Contralor que vaya de frente contra la corrupción sin utilizar su cargo para perseguir a los liderazgos de oposición depende que Venezuela encuentre la resolución del desastre que vivimos en paz y de manera democrática. En ese sentido, la tarea no es sólo de la Asamblea Nacional ni del Tribunal Supremo, sino de toda la ciudadanía, vigilante y atenta, presionando para que se cumpla la Carta Magna y se rescate la institucionalidad. Esa es, hoy, nuestra tarea pendiente.
@danielfermin
Hoy tienen el período vencido tres de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, hay que nombrar a doce de los treinta y dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y urge renovar, sobre todo ante el auge de la corrupción del sistema, un nuevo Contralor General de la República. Los rectores del CNE llevan quince meses de haber cumplido su lapso en el cargo. El retraso en el TSJ es de año y medio y la Contraloría lleva más de tres años en un interinato. Adicionalmente, en diciembre de este año se habrán vencido, también, los períodos de las otras dos ramas del Poder Ciudadano: la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Se trata de cumplir la Constitución. Los artículos 263, 264 y 270 son claros en cuanto a cómo debe darse la designación de los magistrados del Tribunal Supremo, mientras que el artículo 279 lo hace con respecto al Contralor y los artículos 295 y 296 hacen lo propio para el Poder Electoral. No es, pues, una negociación política ni, mucho menos, una concesión a la ciudadanía o a la oposición.
El debate político presenta hoy varias hojas de ruta para salir de la crisis, unas que compartimos y otras que rechazamos. Algunos sectores han propuesto la renuncia de Nicolás Maduro, otros la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Cierta disidencia del chavismo apuesta por la radicalización del modelo socialista mientras que otros llaman a la revisión profunda de la política económica. Nosotros hemos insistido en la necesidad de construir un gran movimiento social por el cambio que consolide una alternativa real desde las comunidades para, como una nueva mayoría, adelantar los cambios que necesita Venezuela. En ese debate se ha concentrado la opinión pública, dejando de lado la tarea pendiente. Cualquiera de estas alternativas y de otras que puedan surgir en el camino dependen en última instancia de que renovemos los poderes vencidos, tal como lo establece la Constitución.
Esta no debe ser una discusión para los políticos entre paredes de oficinas. Tampoco se trata de un tema ajeno al clima nacional, como algunos lo pretenden pintar. De tener nuevos rectores del CNE que respondan a la Constitución y a las leyes y no al partido de gobierno, de contar con magistrados del TSJ que solo respondan a la justicia y no a la subordinación a los designios del Ejecutivo, de un nuevo Contralor que vaya de frente contra la corrupción sin utilizar su cargo para perseguir a los liderazgos de oposición depende que Venezuela encuentre la resolución del desastre que vivimos en paz y de manera democrática. En ese sentido, la tarea no es sólo de la Asamblea Nacional ni del Tribunal Supremo, sino de toda la ciudadanía, vigilante y atenta, presionando para que se cumpla la Carta Magna y se rescate la institucionalidad. Esa es, hoy, nuestra tarea pendiente.
@danielfermin
sábado, 5 de julio de 2014
Antímano Casa x Casa
Hoy recorrimos Tierra Roja y Punta Brava en Antímano, construyendo el movimiento de Unión y Cambio. ¡Cuánta necesidad pasa nuestro pueblo por la imposición de un modelo fracasado! Cada vez son más los que se suman al clamor del cambio, la gente se cansó de la violencia, la desidia y el abandono. El camino es la organización de ese descontento para convertirlo en una fuerza viva que saque al país adelante. En eso estamos... 
miércoles, 2 de julio de 2014
FANB: Partido Armado (Publicado en El Universal)
La revolución bolivariana siempre ha sido un proyecto militarista. La irrupción de Chávez se dio en el contexto de un sangriento golpe que rompió con la estabilidad de la democracia civil, ya en crisis, y trajo de vuelta a la militarada como actor político. Luego, en el poder, el chavismo adoptó la tesis de Ceresole, introduciendo el concepto de la unión cívico-militar y la tríada caudillo-ejército-pueblo como ejes orientadores. Rápidamente uniformados ocuparon los principales puestos del gobierno.
Esa esencia militarista, sin embargo, contraviene la que se supone es la carta de navegación compartida de la república: la Constitución Nacional. La "bicha", en cuya elaboración participaron no pocos militares, es clara en cuanto al papel de la Fuerza Armada. En su artículo 328 dice que "la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política" y que "está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna". En su artículo 330, la Constitución otorga a los militares el derecho al sufragio, "sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político". En la práctica, comenzando por el reenganche de militares golpistas del 92 y pasando por la incorporación del "¡Patria, socialismo o muerte!" como consigna, la Constitución ha quedado como letra muerta.
Hoy la Fuerza Armada es un cuerpo al servicio del culto a la personalidad y el partido de gobierno. A la incorporación del saludo militar se le suma la denominación de "Bolivarianas", así como componentes de adoctrinamiento, la influencia cubana en los cuarteles, la creación de nuevas fuerzas inconstitucionales como la Milicia y, ahora, dos elementos muy graves para el equilibrio democrático y republicano. En primer lugar, la Sentencia N 651 de la Sala Constitucional del TSJ que, en una interpretación sin pies ni cabeza, da luz verde a la participación de militares en actos políticos y legitima el aberrante culto a Chávez y Maduro. En segundo lugar, la publicación en Gaceta Oficial de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, que ata a la ciudadanía a la tutela militar e intenta, por tercera vez en cinco años, asegurar el control militar sobre la población civil a través de un instrumento legal.
En medio de una crisis tremenda y el derrumbe de su popularidad, el gobierno ha apostado por consolidar la FAN, ahora bolivariana (chavista), como la garantía de su permanencia en el poder. Es lo que Rocío San Miguel ha denominado el Partido Armado. Lo que esto persigue es el mantenimiento de un orden social tutelado por militares y la dominación de la sociedad bajo las botas y charreteras.
No es la primera vez que los venezolanos nos vemos en una situación como esta. A pesar que desde 1811 la República establece la subordinación del poder militar al civil, la realidad es que se nos fue la mayor parte del Siglo XIX y más la mitad del XX de cachucha en cachucha. En 1931 la generación que lograría la democracia exigía "hombres civiles al manejo de la cosa pública" como la primera de sus reivindicaciones en el Plan de Barranquilla. Ante el avance del Estado Militar, debemos rescatar la lucha por una República Civil de libertad, justicia y democracia. En ese proceso rescataremos, también, la dignidad de la Fuerza Armada como órgano leal a la nación y al servicio de la patria toda, nunca más partido armado de parcialidad alguna.
@danielfermin
Esa esencia militarista, sin embargo, contraviene la que se supone es la carta de navegación compartida de la república: la Constitución Nacional. La "bicha", en cuya elaboración participaron no pocos militares, es clara en cuanto al papel de la Fuerza Armada. En su artículo 328 dice que "la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política" y que "está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna". En su artículo 330, la Constitución otorga a los militares el derecho al sufragio, "sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político". En la práctica, comenzando por el reenganche de militares golpistas del 92 y pasando por la incorporación del "¡Patria, socialismo o muerte!" como consigna, la Constitución ha quedado como letra muerta.
Hoy la Fuerza Armada es un cuerpo al servicio del culto a la personalidad y el partido de gobierno. A la incorporación del saludo militar se le suma la denominación de "Bolivarianas", así como componentes de adoctrinamiento, la influencia cubana en los cuarteles, la creación de nuevas fuerzas inconstitucionales como la Milicia y, ahora, dos elementos muy graves para el equilibrio democrático y republicano. En primer lugar, la Sentencia N 651 de la Sala Constitucional del TSJ que, en una interpretación sin pies ni cabeza, da luz verde a la participación de militares en actos políticos y legitima el aberrante culto a Chávez y Maduro. En segundo lugar, la publicación en Gaceta Oficial de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, que ata a la ciudadanía a la tutela militar e intenta, por tercera vez en cinco años, asegurar el control militar sobre la población civil a través de un instrumento legal.
En medio de una crisis tremenda y el derrumbe de su popularidad, el gobierno ha apostado por consolidar la FAN, ahora bolivariana (chavista), como la garantía de su permanencia en el poder. Es lo que Rocío San Miguel ha denominado el Partido Armado. Lo que esto persigue es el mantenimiento de un orden social tutelado por militares y la dominación de la sociedad bajo las botas y charreteras.
No es la primera vez que los venezolanos nos vemos en una situación como esta. A pesar que desde 1811 la República establece la subordinación del poder militar al civil, la realidad es que se nos fue la mayor parte del Siglo XIX y más la mitad del XX de cachucha en cachucha. En 1931 la generación que lograría la democracia exigía "hombres civiles al manejo de la cosa pública" como la primera de sus reivindicaciones en el Plan de Barranquilla. Ante el avance del Estado Militar, debemos rescatar la lucha por una República Civil de libertad, justicia y democracia. En ese proceso rescataremos, también, la dignidad de la Fuerza Armada como órgano leal a la nación y al servicio de la patria toda, nunca más partido armado de parcialidad alguna.
@danielfermin
Catia
Realizamos un recorrido casa por casa por Los Flores de Catia, llevando el mensaje de Unión y Cambio y escuchando a nuestra gente, cansada de tanta desidia y violencia. Dos días después volvimos, esta vez a Los Magallanes, a reunirnos con nuestros equipos y asumir los compromisos pendientes con la comunidad. Seguimos...
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